Villa A1194 Arboleas, Almería, España. 185000€
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A través de las cotizaciones a la Seguridad Social, el Estado garantiza la debida protección en las circunstancias y situaciones definidas por la ley a las personas que reúnen los requisitos, en virtud del ejercicio de una actividad profesional, y a los familiares o personas dependientes a su cargo.
En el marco de la Seguridad Social, las prestaciones económicas, en gran parte contributivas, constituyen un derecho monetario que, una vez concedido cuando se cumplen determinados requisitos, se otorga al beneficiario en las situaciones o contingencias protegidas previstas en la ley.
O inimă împietrită / Biserica Baptistă Betel / 26 Iunie 2022
Valorar la cantidad de empleo generado a partir del desarrollo efectivo de la Ley de Dependencia en 2012, evaluando el número de puestos de trabajo en función de si se aplicaron servicios en especie o prestaciones económicas.
El nivel y los costes totales de la dependencia se obtuvieron a partir de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008. El consumo de los hogares dependientes se recogió de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. El impacto en el empleo se estimó mediante un modelo Input-Output ampliado a partir de las Tablas Input-Output Simétricas y los datos laborales de la Base de Contabilidad Nacional de España.
El coste total estimado de la dependencia en 2012 fue de 4.545 millones de euros para los servicios en especie y de 2.662 para las prestaciones en metálico. De los costes de la dependencia se generaron en 2012 ciento noventa y cinco mil seiscientos sesenta y ocho puestos de trabajo, y 132.997 estuvieron vinculados a servicios en especie y 62.671 a prestaciones económicas. Cada millón de euros destinado a la dependencia por el Gobierno devolvió 53,33 empleos vinculados a servicios en especie y 46,21 a prestaciones económicas. Además, se habrían creado 341.505 puestos de trabajo si las prestaciones de dependencia se hubieran ofrecido exclusivamente a través de servicios en especie.
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Alemania ” Renania del Norte-Westfalia, Políticas/planes/legislaciones y normas de servicio para personas mayores, Políticas generales, leyes, estrategias y planes y normas de servicio para personas mayores, Legislación sobre discapacidad
Reglamento de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Espeicales y Talentos Excepcionales
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Política Pública para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en Honduras
Villa A1187 Arboleas, Almería, España. 239000€
El trabajo ocupó un lugar importante dentro del programa político de la dictadura del general Franco, que consideraba el trabajo como un factor fundamental para el desarrollo económico y un medio para que el régimen pudiera ejercer su poder. Así, el trabajo se convirtió en un elemento esencial y pivote sobre el que se organizó la política social española. La discapacidad, considerada como un obstáculo para el correcto desempeño de la actividad laboral, surgió como un fenómeno que debía ser incluido en las medidas generales destinadas a regular y controlar el desempeño de las tareas productivas. Prueba de ello son las medidas adoptadas en materia de seguridad e higiene en las fábricas y la recuperación de las víctimas de los accidentes de trabajo.
El objetivo de este artículo es explorar estas intervenciones y utilizarlas para mostrar cómo la discapacidad fue utilizada como vehículo para implementar medidas destinadas a disciplinar a la población en su conjunto. Utilizando como fuentes principales los documentos legislativos, la prensa general y profesional y los panfletos de propaganda, este artículo muestra cómo el discurso generado en relación con la medicina del trabajo representó una vía esencial, no sólo para desarrollar un modelo médico de la discapacidad en España, sino también para ejercer una forma específica de biopolítica.